Los últimos dos meses se han producido muchas alzas y pocas bajas en los precios de forma continuada que ha acabado en una demanda contra las petroleras establecida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER). ¿El motivo?: la especulación realizada en los precios de los carburantes por las petroleras que justificaban las subidas debido a la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania.
FENADISMER y sus organizaciones territoriales han emprendido un procedimiento judicial para la presentación de una macrodemanda contra lo que denominan «el cártel de las petroleras». Este «cártel» ha llevado a cabo una elevación artificial de precios finales en los carburantes que ha perjudicado en a todos los conductores, profesionales y particulares.
El precio de los carburantes
Estas prácticas de alza de precios abusivos se ha llevado a cabo en los últimos dos meses tras el comienzo de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Las principales petroleras que operan en España han alterado los precios finales de los carburantes de forma descarada y especulativa. La empresa Repsol «duplicó su beneficio en el primer trimestre del año 2022 con un resultado neto de 1.392 millones de euros, frente a los 648 millones del mismo periodo del ejercicio anterior que estuvo marcado por la pandemia, gracias al alza de precios del petróleo tras la invasión de Ucrania» explican en El Periódico . Y este es solo un ejemplo de las múltiples empresas que han mejorado sus beneficios a costa del ciudadano español, profesional y particular.
Está estrategia de alza de precios artificial sirve también para echar del mercado a pequeños competidores de las grandes empresas y que les restan beneficios.
La demanda contra las petrolíferas
Dicha reclamación se sumaría a la ya presentada por FENADISMER a finales del pasado año contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), en base la Resolución dictada en su día por la Comisión Nacional de la Competencia, posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y a la que se adhirieron de forma totalmente gratuita más 3.500 autónomos y empresas transportistas, en la que se reclamaron más de 15.000 euros por camión en base al informe pericial que se elaboró a tal fin para cuantificar los daños y perjuicios ocasionados por la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.
En esta nueva demanda a presentar se pretende ampliar la reclamación contra más compañías petrolíferas que se ha detectado que siguen la política concertada de precios que marcan las infractoras, por lo que FENADISMER invita a adherirse a todos aquellos transportistas que no se hayan incorporado a la primera reclamación, lo que podrán hacer gratuitamente en cualesquiera de sus organizaciones territoriales.
